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Archive for the ‘El Pais’ Category

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fernando encinar, jefe de estudios de idealista.com, opina que “no va a quedar otra. una generación entera va a vivir de alquiler”. asimismo, explica que nadie está ya tan seguro de que alquilar sea “tirar el dinero”, de que los pisos sean la mejor inversión “porque nunca bajan de precio” ni de que “nunca se venden por debajo del precio de compra”

otro factor que condicionará la nueva cara de la industria inmobiliaria será el demográfico. por un lado está el descenso de natalidad que hará, a su juicio, que más hijos únicos se encuentren con que sus padres tienen una o dos casas. por otro, más circunstancias derivadas de la crisis económica en general, como la caída de la inmigración, el aumento de los pisos compartidos o la reducción del tamaño de los hogares familiares

además, encinar considera que la presión actual sobre los bancos para que no concedan préstamos alegremente se pasará a otra para que vuelvan a facilitar las hipotecas

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Por primera vez en cinco meses, la prima de riesgo bajó esta semana, por poco, de los 400 puntos. Y aunque sigue siendo altísima, Mariano Rajoy parece algo más aliviado. Pero en ese contexto de aparente calma, en La Moncloa se fragua una decisión clave de su mandato: pedir o no el segundo rescate, en forma de compra de deuda española por parte del fondo de rescate. La división de opiniones entre el Ejecutivo y sus asesores parece evidente.

Luis de Guindos, ministro de Economía, es, según diversas fuentes del Ejecutivo, el más favorable a pedir cuanto antes la ayuda. Cree, explican, que así España podría beneficiarse de un mecanismo nunca ensayado hasta ahora, que implicaría una gran inyección del BCE y podría bajar muchísimo la prima de riesgo. Los mensajes del BCE, que claramente empujan a España a acudir a ese mecanismo, también ayudan.

Pero Rajoy le ha dado una orden clara, a la que Guindos se dedica desde entonces: negociar hasta el último detalle, tener todo preparado por si hay que pedirlo, pero también buscar por todos los medios una estrategia alternativa. Guindos está pues preparando todo para pedir el rescate pero con la idea de que el presidente no lo desea. “Lo ideal sería no pedirlo”, insisten en La Moncloa.

En la decisión, o más bien la indecisión, influyen muchos elementos. En la política española se ha instalado la idea de que Rajoy pedirá el rescate después de las gallegas, como presentó los Presupuestos después de las andaluzas. Eso puede influir, admiten fuentes del Ejecutivo, pero hay otros factores. Varios países no quieren que España lo pida —el presidente finlandés, Jyrki Katanien, fue muy claro en Madrid— y si Rajoy se precipita estos exigirían condiciones más duras. Y hay países clave, como Alemania, que pese a ofrecer mensajes contradictorios, parecen no quererlo de forma inmediata. Merkel huiría así de otra votación en el Parlamento alemán sobre otro rescate a España. Esto, sumado a la tregua de los mercados, daría a Rajoy tiempo para negociar mejor. Francia, por el contrario, presiona a favor del rescate como cortafuegos. Si el BCE usara el mecanismo con España, seguramente todas las primas se beneficiarían, en especial la de Italia, que también quiere que España vaya primero.

Rajoy quiere por tanto alargarlo todo lo posible e incluso intentar evitarlo. Aunque pocos en el Gobierno lo ven posible. Porque esta tregua de los mercados podría romperse por cualquier cosa: una nueva crisis griega, malos datos de la economía española, la evidencia de que no cumple el déficit, nuevos problemas de las autonomías o de algún banco… Por eso se prepara todo para pedirlo rápidamente si se complica la situación. No hay que olvidar el precedente del rescate financiero de junio: un día se negaba tras el Consejo de Ministros y al día siguiente se pactaba en una videoconferencia del Eurogrupo. El Gobierno ha cambiado de estrategia y ya no niega la evidencia, como hacía en junio. Pero es que esta vez le beneficia hablar: la idea de que está a punto de pedirlo le ayuda a calmar a los mercados. El 27 de septiembre, con la presentación de unos Presupuestos muy duros y un plan de reformas para liberalizar sectores, el Gobierno tratará de contentar tanto a los socios más duros como a los mercados. Si funciona, habrá algo más de tiempo. Si no, el rescate estará muy cercano.

El dilema de Rajoy es complejo. Empresas y bancos le presionan para que lo pida porque tienen muchos problemas para financiarse. Esta semana, varias de ellas han aprovechado el pequeño respiro para salir a endeudarse, lo que muestra su angustia. Pero el rescate no es una bicoca.

La tregua que están dando los mercados podría romperse por cualquier cosa

Rajoy no quiere pedirlo porque sería un estigma político y tendría que plantearse una crisis de Gobierno para frenar el desgaste, señalan varios dirigentes. Pero no solo eso. España, explican, puede lograr en esta negociación que no haya condiciones añadidas, y eso podría venderse como un éxito. Pero, ¿qué pasa si no se cumple el objetivo de déficit, como temen muchos de los consultados? Entonces sí que estás en manos de la troika, explican: incumples la condición básica y te pueden poner cualquier extra. Y si no, amenazan con retirarte un dinero del que ya te has hecho dependiente.

Rajoy deshoja así la margarita. Sobre el rescate se habla poco en el Ejecutivo. En la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y en el Consejo de Ministros, Rajoy y Guindos dan algunos detalles. Pocos. El análisis realmente de fondo, estratégico, se realiza con mucha mayor opacidad, en reuniones fuera de agenda, muchas en fin de semana, del núcleo clave del Ejecutivo: el presidente, la vicepresidenta, Guindos, Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal. Pero ni siquiera ahí se dice todo. “Rajoy habla con muchísima gente fuera del Gobierno, escucha mucho y a cada uno le dice cosas distintas, es casi imposible saber qué va a decidir”, sentencia una persona que le conoce bien.

Aun así, el que más información tiene, después de Guindos, es Nadal, desde que llegó al Gobierno siempre en la sombra y muy criticado en el mundo empresarial y político. Nadal es el sherpa de Rajoy en las grandes negociaciones. Y es de confianza máxima. Baste un dato: está en todas las reuniones clave del presidente y fue uno de los pocos a los que se les permitió asistir al almuerzo entre Rajoy y Merkel en La Moncloa.

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Los extranjeros residentes en España realizaron 9.502 compraventas de viviendas durante el segundo trimestre del año, lo que representa un crecimiento del 12 % con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2011 y la mayor cifra desde hace cuatro años, cuando se alcanzaron 11.130 operaciones.

Sin embargo, a pesar de que las transacciones realizadas por este colectivo encadenan ya crecimientos interanuales por cuarto trimestre consecutivo, el número de operaciones continúa muy lejos de las casi 30.000 que se registraron, por ejemplo, en el segundo trimestre de 2006, en pleno auge del sector. Y es que hay que tener en cuenta que en la actual coyuntura económica el número de extranjeros empadronados en España ha descendido con respecto a la cifra que se alcanzaba años antes. Así, el número de extranjeros residentes en 2011 se estabilizó en 5,7 millones y el número de empadronados cayó en 40.447 personas (un 0,7 % menos).

Además, otro de los factores que han explicado el alza de las compraventas de los extranjeros en España ha sido el descenso de los precios de la vivienda libre, que en el segundo trimestre del año retrocedió un 8,3 % hasta los 1.606,4 euros por metro cuadrado, lo que supone regresar a niveles de finales de 2004.

En contraste con los máximos que se registraron en 2008 antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y según datos del Ministerio de Fomento, la compraventa de viviendas por parte de los extranjeros residentes en España marcó su mínimo histórico en el primer trimestre de 2009, cuando las operaciones se desplomaron hasta las 5.036.

La mayoría  de las operaciones se realizaron en Andalucía

Por ubicación de la vivienda, la mayoría de las compraventas realizadas en el segundo trimestre del año se realizaron en Andalucía (1.676), Comunidad Valenciana (3.114), Cataluña (1.615) y Canarias (1.173). Por su parte, el menor número de operaciones se registró en Cantabria (15), Ceuta y Melilla (16) y Extremadura (18).

Atendiendo a la provincia de residencia del comprador y la localización del inmueble, Alicante lideró con 2.645 operaciones la clasificación, seguida de Málaga (1.127), Barcelona (847), Tenerife (655), Baleares (536), Las Palmas (518) y Madrid (522). Del lado contrario, se situó Avila (2), Ceuta, (3) y Palencia (4).

En este contexto, la inversión de los ciudadanos extranjeros al adquirir inmuebles en nuestro país durante los tres primeros meses del año repuntó un 2,5 % con respecto a los datos de un año antes, hasta los 1.163 millones. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, este importe —el mayor desembolso desde el segundo trimestre de 2011— contrasta con la tendencia a la baja que experimenta la inversión de los españoles en inmuebles fuera de nuestras fronteras, que se redujo un 50 %, hasta los 95 millones.

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España ha acaparado durante semanas las primeras páginas de los periódicos de medio mundo. Y siempre, por malas noticias: revisiones al alza del déficit, un agujero descomunal en la banca que hay que tapar como sea y, últimamente, la posibilidad cada vez más cercana de un rescate financiero. Este lunes, por fin, los españoles recibieron una alegría. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Economicos, Olli Rehn, propuso modificar las normas actuales para que el fondo de rescate europeo se use directamente para recapitalizar la banca, sin pasar por los Estados.

Puede parecer un tecnicismo propio de los discursos aburridos que salen de Bruselas, pero es un cambio de vital importancia para España. Porque esta decisión, si finalmente logra el acuerdo de todos los socios comunitarios, permitiría obtener el dinero necesario para evitar la quiebra de buena parte del sector financiero sin recurrir a un rescate con todas las consecuencias, como el que han protagonizado Grecia, Irlanda y Portugal.

El propio Rehn zanjó el pasado miércoles el debate sobre una inyección de fondos en las entidades con problemas. “Actualmente no es posible”, dijo poco después de que su jefe, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, se mostrara a favor. “Vemos importante considerar esta alternativa de recapitalización, ya que estamos avanzando en la discusión sobre los caminos para lograr la unión bancaria”, aseguró en Bruselas. El objetivo sería, según dijo Rehn, “romper el vínculo entre la deuda soberana y la banca” para atajar la crisis.

Algunas fuentes consideran que el discurso no ha cambiado. “Lo que dijo Rehn en su día fue que con las normas actuales no era posible. Ahora ha dicho que esas normas se pueden cambiar”, aseguran. Pero el comisario contribuyó el pasado miércoles a hundir los mercados y nadie matizó en Bruselas sus palabras.

Después de que Rehn hablara, la prima de riesgo cayó hasta 520 puntos básicos y la Bolsa, que había empezado el día a la baja, subió casi un 3%. Esta mejora se debe a que los inversores interpretan que el acuerdo europeo está más cerca. Incluso algunas fuentes dicen que esta misma semana podría haber un mensaje en este sentido. Aunque todo apunta a que la decisión final se tomará en la cumbre de líderes europeos del 28 y 29 de junio.

A favor de relajar las condiciones del fondo de rescate han debido pesar las terribles consecuencias que podría tener para toda Europa el que la cuarta economía de la eurozona se viera obligada a pedir un salvamento internacional, así como las conversaciones que han llevado a cabo varios Gobiernos, entre ellos el español.

En el Ejecutivo español se insiste en que, de aprobarse finalmente, esta sería una medida que favorecería a la banca de toda Europa, y no solo a la española. “Existe el dinero para tomar esta decisión y tiene toda la lógica que se emplee para aquello que hace falta”, aseguran fuentes gubernamentales.

Pese al plácet de Bruselas, la canciller Angela Merkel se mantiene como el gran obstáculo para aliviar la presión sobre España. Alemania ha aprovechado cualquier ocasión para mostrar su firme rechazo a prestar dinero si no puede imponer a los países las reformas que considera necesarias.

El Gobierno español lleva días tratando de convencer a sus socios de la importancia de un cambio de estatutos, pero parece que en Berlín aún no lo ha logrado, al menos oficialmente. “No hay ningún cambio. Los rescates han de hacerse a través de los Gobiernos para asegurar que los préstamos estén condicionados a ciertas políticas”, aseguraban a este periódico fuentes del Ministerio de Finanzas alemán.

Hace tiempo que Bruselas insiste en que España debe resolver cuanto antes los problemas de su sector financiero. Y en los últimos días, especialmente desde que se conocieron los 19.000 millones adicionales que necesita Bankia, había calado la idea de que iba a ser casi imposible captar las decenas de miles de millones necesarios en el mercado o a través de la emisión de deuda. Parece ahora más probable que el dinero llegue del fondo de rescate sin que ello suponga la intervención del país.

Rehn pronunció estas palabras en una comparecencia conjunta con el ministro de Economía francés, Pierre Moscovici, quien apoyó esta modificación que, en principio, afecta a las entidades de toda Europa, pero que a corto plazo está pensada para el caso español. “La recapitalización directa de bancos es un tema fundamental. Espero que esté en la mesa del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio”, dijo el ministro francés, que se verá el miércoles en París con su homólogo español, Luis de Guindos.

París defiende los préstamos directos a los bancos en apuros porque, según Moscovici, “permitirá ver más clara la situación de un cierto número de entidades, incluidos los españoles, y ayudarles con más facilidad”.

El presidente francés, François Hollande, ya defendió la posibilidad de que la banca española fuera recapitalizada con ayuda europea hace dos semanas en Washington cuando fue preguntado por la crisis de Bankia. Sus palabras causaron entonces un malentendido con Madrid. El presidente Rajoy replicó que quizá el dirigente francés tenía datos sobre la banca española que él no tenía.

El domingo, Pierre Moscovici llamó con toda claridad “a respetar la soberanía de España”, cuando le preguntaron por la posición del Gobierno de Rajoy, que en público niega la necesidad de un rescate. “Entiendo muy bien que un país como España, que es un gran país, no tenga ganas de que otros se metan en sus asuntos”, dijo el ministro, que el miércoles se reunirá en París con su homólogo español, Luis de Guindos.

Moscovici apoyó también la puesta en marcha de una unión bancaria europea. La Comisión presentará mañana su propuesta de reforma del sector financiero, que incluye la intervención directa de los Gobiernos en las entidades con problemas.

El objetivo es evitar quiebras de entidades que acaben arrastrando al resto del sector financiero. En la actualidad, el Banco de España ya tiene esta potestad, lo que no ha impedido agujeros como el de Bankia y de otras cajas de ahorros que ha puesto al país al borde del rescate.

Bruselas fijará las condiciones del fondo que las entidades tienen que dotar obligatoriamente para resolver las crisis financieras. “Queremos crear instrumentos para resolver crisis bancarias sin que haya que recurrir al dinero de los contribuyentes”, señalan fuentes comunitarias.

Artículo visto en elpais.com

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El acceso a la vivienda es ya un problema endémico en España. Lo era en plena burbuja, porque la escalada de precios dejó al margen del mercado inmobiliario a miles de ciudadanos o bien los hipotecó de por vida. Y lo es ahora, cuando la crisis financiera y, sobre todo, la lacra del paro impiden la emancipación de los jóvenes y el pago de las cuotas hipotecarias de muchas familias que acaban siendo desahuciadas. Todo eso ocurre en un país volcado en la propiedad, con un peso residual del alquiler en el parque de viviendas. Dentro de su agenda de reformas, el Gobierno se ha propuesto flexibilizar el mercado de alquiler con un paquete de medidas cuyo anteproyecto ha pasado ya por el Consejo de Ministros.

Las medidas del Gobierno prevén que los propietarios puedan recuperar su vivienda en cualquier momento con independencia de lo que establezca el contrato, mientras que el inquilino también podrá dejar el piso comunicándolo con un mes de antelación. Hasta ahora los contratos tenían una duración de cinco años —la llamada prórroga forzosa— y de tres más si ninguna de las partes decía lo contrario. El Ejecutivo quiere que el periodo de prórroga forzosa sea de tres años y otro más de forma tácita. Es decir, el límite legal para permanecer en un piso de arriendo se reducirá a la mitad, de ocho a cuatro años.

España ha adolecido siempre de un mercado de alquiler muy débil por la primacía de la cultura de la propiedad. Los últimos datos de Eurostat, de 2010, indican que el 83% de los ciudadanos vive en un piso de su propiedad, mientras que solo el 17% reside con otro régimen de tenencia, sobre todo alquiler. La excepción es la ciudad de Barcelona, cuyo parque de viviendas de alquiler siempre ha oscilado entre el 25% y el 30%. Varios países superan esa proporción, todos ellos del este de Europa (ver cuadro). En Dinamarca, Francia, Reino Unido o Países Bajos entre el 30% y el 40% de los ciudadanos vive en régimen de alquiler, mientras que en Alemania esa proporción llega al 46,8%. En Suiza, incluso, el porcentaje de gente que arrienda (55,7%) es mayor que el de compra. La carencia es todavía más elevada en el alquiler social, que, según el Comité Europeo por la Vivienda Social, supone el 1% del parque de viviendas en España, frente al 19% de Francia, por ejemplo. ¿Servirán las medidas del Gobierno para corregir esos déficits?

“El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura con rotundidad el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene Bernardos.

Las condiciones de ahora del mercado inmobiliario pueden resumirse en una demanda que ya no puede acceder a la compra y debe ir al alquiler y, a la vez, otra que ya ni puede permitirse arrendar. El año pasado, 58.200 familias fueron desalojadas de su hogar, un 22% más que en 2010, según el Consejo General del Poder Judicial. Muchas, además, están acudiendo al alquiler por obligación: no pueden pagar sus cuotas hipotecarias y llegan a un acuerdo de dación en pago con la entidad acreedora para seguir en el piso en régimen de alquiler. “No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Hernández recuerda que, antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. Es decir, el arraigado mantra de que alquilar es tirar el dinero. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.

Ocho de cada diez españolesviven en una casa en propiedad

Por el lado de la oferta, a finales de 2010 había 687.523 viviendas vacías que no hallaban comprador. Pero eso era solo de obra nueva. El Censo de Población y Viviendas de 2001 estaba en más de tres millones en las casas vacías. Y, a falta de que estos datos se actualicen este año, los expertos estiman que la cifra va a escalar. La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. El profesor Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.

La insolvencia de la demanda, también en el alquiler, está obligando a bajar precios. Según el último informe del portal inmobiliario Idealista.com, líder en España, en 31 de 42 capitales de provincia analizadas hubo descensos de precios en el primer trimestre del año. Y muchas llevaban encadenando varias bajadas. La oferta de pisos de alquiler, además, casi se ha duplicado entre 2009 y 2011. El Gobierno catalán, que dispone de datos oficiales porque es obligatorio depositar las fianzas de los pisos en la empresa pública Incasòl, ha registrado en ese periodo un incremento del 30% de los nuevos contratos de alquiler. Si en 2008 había 80.000 arriendos anuales, hoy hay casi 130.000.

En Alemania alquila el 46,8% de la población y en Suiza, más de la mitad

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador que ha preparado pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma.

Ahí coincide la exministra Beatriz Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”. “Se trata de dar al alquiler un mínimo nivel de dignidad”, afirma Corredor. Una de las claves para ampliar el mercado de alquiler es “darle un mínimo nivel de dignidad”. Para Corredor, el fomento del alquiler pasa por igualar las condiciones fiscales de uno y otro modo de residencia y estimular la emancipación de los jóvenes. Y el Gobierno, recuerda, de momento ha decidido suprimir la renta básica de emancipación por las medidas de austeridad y, en cambio, ha vuelto a generalizar las desgravaciones fiscales para la compra de una vivienda habitual.

“El Gobierno ve el arriendocomo un bien de inversión”, dice Beatriz Corredor

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno, además, está la desaparición del IPC como referencia para actualizar los precios del alquiler. Serán las partes, según ha anunciado el Gobierno, quienes acuerden esa subida. Corredor desconfía de esa medida y recuerda que la liberalización de los alquileres de la ley de Boyer, en 1995, no consiguió movilizar el parque de viviendas hacia el alquiler, sino que se aumentaran las rentas. Tampoco Bernardos considera adecuada esa medida, puesto que la reforma debería proteger al más débil, “al inquilino”. “No se da una situación de igualdad entre arrendador y arrendatario”, afirma.

Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.

¿Se ha pasado el proyecto de ley, pues, al proteger demasiado al propietario en detrimento del inquilino? En época de bonanza, las patronales venían asegurando que si no había más alquileres era por la inseguridad jurídica del propietario. Y ello a pesar de que la tasa de morosidad del alquiler, en esa época, era mucho más baja que la de la compra, de alrededor del 1%. Otra de las medidas de la ley consiste en agilizar los desahucios de los inquilinos morosos. La propuesta de Fomento pasa por que, si así lo propone el contrato, el impago pueda desembocar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial y sin necesidad de una sentencia declarativa. El responsable de Infraestructuras de KPMG, Cándido Pérez Serrano, asegura que la norma dará “más protección jurídica” a los propietarios. “A largo plazo, también será mejor para los demandantes, porque habrá un parque de viviendas más amplio donde elegir”, afirma.

La ley reduce de ocho a cuatro años el tiempo máximo de los contratos

El coordinador general del Observatorio de la Vivienda del Consejo del Notariado, Ignacio Navas, aplaude toda medida que dé “seguridad jurídica” al arrendador, pero critica que se pueda producir una semiliberalización, es decir, que la liberalización acabe siendo “excesiva” para el inquilino. “Sería partidario de que se deje libertad a las partes cuando sean dos particulares, pero no cuando el arrendador sea una sociedad”, asegura.

Más rotunda es la organización Cáritas Barcelona, que media entre bancos y ciudadanos para evitar desahucios. La organización ha pedido al Gobierno que retire ese proyecto al considerar que trata de responder a las exigencias “del sector financiero” para poder alquilar viviendas en un corto plazo de tiempo, sin apenas compromisos y con “las máximas facilidades para los desahucios”. En su opinión, España tiene hoy una oportunidad única de tener un parque de vivienda social en alquiler si movilizara el parque de viviendas “ocioso” que ahora está en manos de las entidades que ha nacionalizado. Y más en un momento en el que un alquiler barato sería la solución para miles de familias que están al borde de la exclusión social.

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Tercera y puede que última oportunidad para que los propietarios de viviendas de protección oficial compren el suelo en el que están construidos sus hogares. El Departamento de Vivienda ofrecerá este verano la posibilidad de adquirir suelo público a cambio de que las viviendas permanezcan con la calificación de vivienda pública de manera permanente. El proceso, cuyas solicitudes podrán ser presentadas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, se abrirá a más familias que en fases anteriores no pudieron acogerse a esta operación porque el tope de ingresos para poder entrar en ella pasará de 39.000 euros anuales a 50.000.

La iniciativa, la tercera desde que en 2010 se decidiera ofrecer esta alternativa, permitirá que, al final de la legislatura, 16.000 propietarios de viviendas —y otros tantos de garajes y locales— hayan tenido la posibilidad de comprar suelo por precios que oscilan entre los 10.000 y los 22.000 euros. La solución busca que las personas que han ido comprando viviendas de protección oficial (VPO) no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública, lo que en la práctica hace que, al cabo de 75 años, la VPO pase a manos de la administración de nuevo por la extinción del derecho de superficie, sin que sus propietarios tengan derecho a recibir una indemnización por ello.

En esta ocasión, podrán acceder a la compra de suelo los propietarios de VPO que no lo hicieron en las dos fases anteriores y de viviendas protegidas edificadas en derecho de superficie o transmitidas en régimen de propiedad temporal de 75 años y a aquellas viviendas que han perdido la calificación con el paso del tiempo. El objetivo es “que sus titulares puedan acceder a la plena propiedad”, según el departamento, tanto de la vivienda en sí como del suelo, y que al mismo tiempo se evite “un problema de fondo a largo plazo para los intereses públicos, una vez extinguido el derecho de superficie o finalizado el plazo de la propiedad temporal”, ya que al cabo de un tiempo la administración se encontraría con el retorno de un paquete de VPO antiguas y con familias que se quedarían sin su hogar.

Las dos primeras fases han supuesto ingresos de 32 millones al Ejecutivo

La primera fase, a la que se pudieron acoger nada menos que 14.401 propietarios de viviendas y locales, supuso 1.763 operaciones de compraventa, el 12,2% de todos los casos posibles. En la segunda etapa, que tuvo lugar el año pasado, los propietarios que podían comprar suelo fueron 7.252, de los cuales 1.186 se acogieron a esta posibilidad, un 16%. En total, las 2.949 operaciones han supuesto al Gobierno vasco ingresos por más de 32 millones de euros.

Con la ampliación de la horquilla de ingresos, Vivienda prevé acabar con uno de los obstáculos para que los propietarios se sumen a esta posibilidad. Otro de los frenos que detecta la consejería de Iñaki Arriola es que la adquisición de suelo obliga a que las viviendas se mantengan como VPO de forma permanente —lo que obliga a que, en caso de venta, los propietarios se atengan a los precios regulados por la administración—.

Los propietarios de promociones de VPO temporal calificadas provisionalmente a partir de enero de 2003, una promoción de locales comerciales y promociones calificadas después de junio de 2011 no habían tenido la posibilidad de acceder a la compra de suelo, así como aquellos que tienen ingresos anuales entre 39.000 y 50.000 euros de fases anteriores. Los que se encuentran en este margen —teniendo en cuenta los datos fiscales de 2010— podrán acceder por primera vez a la compra de suelo, mientras que los que cuenten con ingresos superiores seguirán fuera. Este cambio se debe a un intento de unificar los requisitos, ya que Vivienda ha introducido modificaciones en los ingresos a la hora de acceder a las VPO.

La orden que regulará la nueva fase llega después de que la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya desestimado dos recursos contra la orden de 2010. El recurso se interpuso porque, a juicio de los denunciantes, la consejería se excedía de sus competencias y porque “quedarían gravados con los derechos de adquisición preferente permanente” si se acogiesen a las medidas recogidas en la orden. En el segundo recurso se censura la calificación permanente de las viviendas como protegidas.

Dos sentencias avalan la venta de suelo promovida por Vivienda

El Superior considera que “no se impone la compra” y que la orden “no modifica los términos en los que se constituyó el derecho de superficie, sino que posibilita a los titulares de las viviendas la adquisición del suelo público, posibilitando la consolidación de la propiedad del suelo y de la vivienda y evitando la extinción del derecho de superficie por el transcurso del tiempo, que conlleva la pérdida de la propiedad”. También defiende que no haya negociación entre la administración y el propietario a la hora de comprar suelo porque “no se está en el ámbito de la vivienda libre”.

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el gobierno quiere que los bancos aislen sus activos inmobiliarios tóxicos

el gobierno y el banco de españa (bde) están trabajando en la creación de sociedades ajenas a los bancos donde aparcarían sus activos inmobiliarios. a esta nueva estrategia no quieren llamarla creación de bancos malos porque no tendrán actividad financiera ni ficha bancaria, pero será una fórmula que conseguirá lo mismo: sacar del balance de los bancos los activos inmobiliarios que tanta incertidumbre y desconfianza están creando entre los inversores

estas sociedades tendrían los activos inmobiliarios, que llegarían después de una fuerte provisión fruto de la reforma financiera y que intentarían ir liquidando los inmuebles a largo plazo. dichas firmas no tendrían la participación mayoritaria de los bancos para poder sacarlos del balance. entre las opciones figuran que sean sociedades compartidas por varias entidades o con nuevos socios inversores, según explica el diario el país

el periodo de vida de estas sociedades rondaría los 10 años para posteriormente saldarse con pérdidas o ganancias. en principio, se busca crear todo sin dinero público, pero unas nuevas valoraciones de los inmuebles dejaría a varias entidades con poco capital y posiblemente necesitarían dinero público del FROB, que teóricamente tendrían que devolver

el objetivo de estas sociedades sería aislar totalmente el ladrillo de los bancos para frenar la desconfianza de los mercado y tratar que éstos se centren en su negocio principal: dar crédito. dependiendo del tipo de activo (suelo, pisos, promociones, etc) se crearían varias sociedades inmobiliarias participadas por varios bancos o inversores

las entidades cederían además la gestión y el control a expertos que valorarán si los activos que se incorporan a la sociedad están o no en precio. si el precio es adecuado el banco se libra del inmueble y del riesgo, si se decide que está sobrevalorado, el banco deberá cargar contra capital la diferencia entre lo que han provisionado y lo que dice el experto que vale ese activo. aquí el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podría cubrir provisionalmente la diferencia con su patrimonio, aunque también se estudian otras fórmulas, según el diario el país

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